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El objetivo de lograr una Europa climáticamente neutra lleva necesariamente a implementar medidas y constituir fondos para hacer frente al enorme impacto social que esta transformación tendrá en la población afectada. De hecho, la Comisión Europea ha presupuestado 100.000 millones de euros para paliar el daño a los afectados.
Las clases menos favorecidas van a sufrir estas políticas de transformación, lo que conducirá a un aumento de las desigualdades. El impacto será particularmente significativo para aquellas personas con un nivel más bajo de ingresos, para aquellos que viven en áreas rurales y suburbanas a los que afectará el aumento en el precio de los carburantes y la desaparición de algunas industrias y puestos de trabajo.
Con esta provisión de fondos de transición justa, se pretende reducir el impacto social haciéndolo llegar a aquellas regiones donde deban afrontarse los mayores desafíos, creando un ambiente favorable para las inversiones privadas.
Además, el New Green Deal tiene una componente social que, se espera, generará empleo verde mediante el aumento de gasto en educación y formación, ya que los nuevos empleos requieren una cualificación más alta que la producción industrial tradicional.
La llamada transición justa debe procurar que la generación de empleo sea mayor que los puestos de trabajo que desaparecen como consecuencia de las políticas aplicadas. Es fundamental la capacidad de anticipación y de diseño de las políticas adecuadas por parte de los gobiernos así como la asunción de responsabilidades por parte de las empresas.
Los criterios que se han tenido en cuenta para esta asignación son de tipo económico y social. Se ha estudiado especialmente, el nivel de emisiones de gases efecto invernadero, la producción e turba y petróleo, el nivel de empleo que supone el carbón o las regiones de producción intensiva de carbono.
Del total de las ayudas, a España se le ha repartido un 4%, siendo Polonia la mejor parada con una asignación de un cuarto del total debido a la enorme dependencia que tiene del carbón, suponiendo el 80% de su producción de energía.
Los objetivos actuales de la UE están fijados para 2030, y se espera que el grueso de las ayudas antedichas se movilicen en los próximos 7 años.
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