El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo abrió este miércoles el proceso de consulta pública de la nueva Ley de Industria, que se prolongará hasta el próximo 17 de mayo.
La nueva norma sustituirá a la vigente Ley de Industria de 1992, y su aprobación es un compromiso recogido en el Componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los grandes cambios experimentados tras 30 años de vigencia de la actual ley de Industria (políticos, normativos, de desarrollo tecnológico, avance digital, globalización…), requieren una nueva Ley de Industria que de respuesta a estos grandes retos estableciendo los objetivos y procedimientos de política y promoción industrial que permitan la adecuada, eficiente y rápida adaptación y transformación de la industria española para hacer frente a todos estos cambios y situaciones presentes y futuras.
Asimismo, es objetivo de la Ley establecer el marco de seguridad y calidad industrial que permita el pleno desarrollo de nuestras industrias en línea con las exigencias del mercado, a la vez que contemple las normas básicas de ordenación de las actividades industriales por las Administraciones Públicas, los medios y procedimientos para coordinar las competencias en materia de industria de dichas Administraciones, y regular la actuación de la Administración del Estado en relación con el sector industrial. También deben tenerse en cuenta las especiales circunstancias de las pequeñas y medianas empresas industriales a través de un tratamiento diferencial, que apoye y fomente el emprendimiento, así como de las empresas de mediana capitalización, esenciales para el futuro desarrollo industrial.
La Ley abordará aspectos como: la política y promoción industrial, estableciendo programas de soporte, promoción, modernización, sostenibilidad y competitividad industriales, y herramientas que permitan contribuir al fortalecimiento de la industria y facilitar que se adapte a los nuevos y crecientes requerimientos, como los costes logísticos y energéticos, los asociados a la economía circular, la sostenibilidad, los requisitos medioambientales o la protección de los consumidores y usuarios; la reindustrialización, planteando mecanismos e instrumentos para la reindustrialización y la garantizando la igualdad de condiciones en el Mercado único y de éste con el resto del mundo, reforzando la normalización y evaluación de la conformidad acreditada, y protegiendo los derechos intelectuales e industriales; la neutralidad climática y economía circular, desempeñando un papel relevante en lo que constituye este desafío y oportunidad conforme al Pacto Verde Europeo y facilitando el establecimiento de una economía más circular alineándose al Plan de acción Europeo para la economía circular con el concurso de políticas de promoción industriales y el desarrollo de modelos innovadores para reducir la dependencia de las materias primas, apoyando la reutilización, reparación y reciclaje; la transformación digital, abordando el impacto de la automatización y digitalización en la industria y los procesos productivos; la seguridad industrial y la calidad industrial, completando aspectos de vigilancia del mercado, reforzando la figura del funcionario, así como la promoción de planes y campañas de comprobación de las condiciones de seguridad de los productos industriales y planteando la creación de una entidad pública encargada de, entre otras, la homologación de vehículos, la coordinación de actividades de vigilancia del mercado, así como de realización de estudios sobre seguridad industrial; y la Gobernanza, debiendo reflexionar sobre los instrumentos de coordinación con los distintos agentes, entidades, centros tecnológicos, universidades, Administraciones Públicas competentes e involucrados en la promoción y el desarrollo industrial, necesarios para el análisis, reflexión, evaluación e impulso de las políticas industriales.
